Cupo laboral trans: será del 1% en el Estado Nacional

Es una demanda histórica. Habrá reservas de puestos de trabajo que deberán ser ocupados exclusivamente por personas travestis, transexuales o transgénero. Olavarría avanzó en el mismo sentido la semana pasada.


El Gobierno nacional estableció que el sector público deberá contar con un 1% de representación trans, travesti y transgénero, a través del decreto 721/2020 firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

Si bien había varios proyectos al respecto discutiéndose en la Cámara de Diputados -la mayoría del oficialismo-, el Ejecutivo se adelantó y la medida fue anunciada este viernes en el Boletín Oficial. Se trata de una demanda histórica de los colectivos de las diversidades sexuales.

“Existe en nuestra sociedad un patrón sistemático de desigualdad que somete particularmente a las personas travestis, transexuales y transgénero a una cadena de exclusiones y discriminación que muchas veces se inicia en la niñez”, sostuvo la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

Desde el Estado tenemos la obligación de generar las condiciones para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de oportunidades. El Cupo Laboral Trans es un paso importante en ese camino”, amplió.

En Olavarría

En la última sesión del Concejo Deliberante se votó una resolución para avanzar en tener el cupo laboral trans municipal. También es del 1% para personas transexuales, travesti y transgénero.

El porcentaje surge de la adhesión local a la ley provincial que establece ese cupo y entre las principales áreas de aplicación, incluye no solo a los organismos estatales del Municipio, sino también a las empresas concesionarias de servicios públicos y a las empresas que reciben subsidios.

La sesión legislativa contó con la presencia de un grupo de militantes locales que celebró la aprobación de la resolución. En tanto, en las comisiones del Concejo se debate además un proyecto de ordenanza para establecer ese cupo y determinar además condiciones que faciliten el acceso de este colectivo a puestos laborales.

A nivel nacional

De acuerdo con el decreto presidencial, los cargos de personal en el Estado, en cualquiera de las modalidades de contratación, deberán ser ocupados “en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de los mismos” por personas travestis, transexuales o transgéneros, sin importar si realizaron o no la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen en su DNI.

En su tercer artículo, el documento especificó que regirá también un principio de “no discriminación” a partir del cual se remarcó que estas trabajadoras y trabajadores tienen derecho a la “protección contra el desempleo”, por lo que “no podrán establecerse requisitos de empleabilidad que obstruyan” su acceso al mundo laboral.

Por esta razón, “el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo”, por lo que para garantizar la igualdad real de oportunidades, la normativa establece mecanismos para que las personas aspirantes a los puestos de trabajo puedan completar sus estudios, en los casos que los tengan incompletos, de modo de cumplir con la normativa vigente en el empleo público en materia de formación educativa obligatoria.

Asimismo, “se deberán establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente” por personas travestis, trans y transexuales y, al mismo tiempo, se guardarán “las vacantes que se produzcan” por la salida de “los y las agentes que hayan ingresado” bajo este régimen.

No obstante, se aclaró que “en ningún caso” esta norma “debe implicar el cese de las relaciones laborales existentes”, por lo que no se podrá despedir a los empleados públicos en actividad para garantizarles el lugar a los nuevos ingresantes.

Por último, el Decreto también establece que el MMGyD en forma conjunta con el Instituto Nacional de la Administración Pública capacitarán a las autoridades y el personal del Poder Ejecutivo Nacional, para asegurar que la inclusión en los puestos de trabajo del sector público se realice en condiciones de respeto a la identidad y expresión de género de las personas.

Fuente: Agencia DIB