Debate por la sanción a “reuniones sociales”: “Esto así no lo apruebo” dijo Victoria De Bellis

 La concejal de Cuidemos Olavarría cuestionó aspectos políticos y técnicos del expediente que se debate en el Concejo y hasta consideró que el Ejecutivo debe “reformularlo”.


 La concejal Victoria De Bellis, del bloque Cuidemos Olavarría, brindó una entrevista para responder sobre el proyecto que se debate el Legislativo, enviado por el Intendente, para sancionar las “reuniones sociales”. Planteó numerosas críticas, tanto técnicas como políticas, al tiempo que dejó en claro que el análisis entre los concejales continúa. Sin embargo, su postura parece ya marcada: “van a tener que, mínimamente, reformular el proyecto” sostuvo en diálogo con Central de Noticias.

 

Esto así no lo apruebo. Tengo muchas dudas, me parece que son atendibles por lo menos para que den una respuesta. No hace tanto que está el expediente. Entró fuera de término en la sesión y es una afectación de derecho muy importante; estamos casi constituyendo la figura más gravosa que pueda tener la justicia contravencional. En otros municipios se les dan tareas comunitarias, acá se les quiere cobrar un millón y medio”. Las declaraciones de la concejal buscan también responder las críticas de Ezequiel Galli quien la semana pasada la pidió “celeridad” al Concejo para aprobar la norma que, si bien rige por decreto número 2.566/20, se dictó “ad referendum” del Legislativo.

 

En este sentido, cabe recordar que el expediente ingresó formalmente al Concejo el 10 de septiembre y, a la semana siguiente, se debatió en la primera comisión prevista, donde aún continúa. La comisión de Hacienda ha continuado con el tema durante tres lunes consecutivos y, tal como confirmó su presidenta Celeste Arouxet, para este jueves se programó una nueva reunión -virtual- para avanzar con el proyecto.

 

Hipocresía y destiempo

 

De Bellis consideró que respecto del proyecto en análisis para sancionar las “reuniones sociales”, “hay dos cuestiones que están pasando, tanto técnico como político”.

 

Ante la consulta, respondió que “desde lo político, personalmente me parece una hipocresía total este decreto. Los primeros que tienen que dar el ejemplo antes de las normas que se dicten y más tan prohibitivas como esta, son los políticos, y no han parado de juntarse y enfermarse. No estamos ajenos, por más esenciales que se quiera poner de título a los funcionarios públicos, de acatar las normas. Yo entiendo que hay reuniones de trabajo que podrían ser más que necesarias, pero hay otras que no. Son reuniones partidarias, políticas y de amistades. Entonces eso también se siguió generando”.

 

Agregó un segundo aspecto. “Llega a destiempo. Hace 7 meses que estamos en la pandemia” señaló.

 

Y sumó un tercer aspecto, “me parece que herramienta ya la había dado el Gobierno Nacional. El decreto de Alberto Fernández, a esto, ya lo tenía establecido”.

 

Fallas de definición

 

En su análisis de los aspectos legales del decreto 2.566/20 y del contenido del expediente, De Bellis consideró que “hay un problema técnico gravísimo. No determina bien quién es el sujeto que se va a imputar de en la supuesta falta. Habla de una acción, no habla de un sujeto a imputar. Dice que la contravención consiste `en la realización de eventos o reuniones´. ¿Quién es el que realiza? ¿El dueño de la quinta, el que hace la invitación por WhatsApp, el que lleva el catering, el que pasa música? No está determinado, ni tampoco a cuanto abarca. Ayer estaba la noticia de seis personas en una casa, ¿es lo mismo 6, que 16, que 26, que 2.000?”.

 

La concejal señaló que esta falta de definiciones impiden la sanción legislativa. “La tipificación contravencional tiene los mismos requisitos que el hecho punible penal. Se tiene que cumplir con los requisitos del objeto, cuál es la conducta, quién es el sujeto, cuáles son los agravantes” y en ese sentido, agregó que “la escala es totalmente discrecional, no se puede aplicar de 1 a 100 salarios mínimos. Es un disparate. ¿Por qué a alguien se le aplicaría 1 y a otros 100?” planteó.

 

“Esa discrecionalidad es nula, en el fuero correccional lo bajan porque la realidad es que no hay parámetros de ponderación razonables” destacó.

 

En cuanto a la disposición, contenida en el decreto 2.566/20, de que se trata de una norma a aplicar “ad referéndum” del Concejo Deliberante, De Bellis se refirió a que “he escuchado al Intendente decir que se ha infraccionado y que no se puede aplicar la sanción porque el Concejo no lo refrendo. Pero lo que no se puede es infraccionar, cómo se va hacer una infracción y después se verá que pena se aplica. No es retroactiva la contravención” cuestionó.

 

En ese punto, volvió sobre el planteo anterior: “si ya tenía para aplicar el decreto del presidente Fernández, por qué hacer una norma local. Se puede mandar a la Justicia Federal”. La concejal de Cuidemos Olavarría contrastó las actuaciones de ambas jurisdicciones: “la Justicia Federal quizás termina aplicando sanciones menos gravosas que la contravencional. La administración termina siendo mucho más punitiva que un juez federal. Esto para mí no resiste la constitucionalidad por ningún lado” sentenció.

 

Más adelante, añadió que tampoco queda en claro a través del decreto “cómo se va a implementar. Eso es lo que preguntábamos, porque el municipio no puede hacer allanamientos. Dicen que `piden auxilio de la fuerza pública. Pero la fuerza pública no puede entrar a mi casa, tiene que tener una orden judicial´”. La concejal, quien también es abogada, estimó que sin estos aspectos definidos “va a terminar en un abuso de poder, como ya hemos visto varios casos en estos días” dijo.

 

En comisión

 

En cuanto al avance del expediente en el Legislativo, De Bellis subrayó que “enseguida tomó estado parlamentario. Todos los concejales prestamos conformidad para que ingrese fuera de término”.

 

El 14 de septiembre comenzó el tratamiento en la comisión de Hacienda. Sobre aquella jornada, recordó que “Juan Mujica (Juntos por el Cambio) pidió que quedara para su estudio en la primera reunión”. Al lunes siguiente, “se pidió aclaración sobre justamente quiénes serían los sujetos alcanzados” contó. Señaló en referencia a lo sucedido este lunes que “no sé si se malinterpretó cuando se plasmó en una nota. El Ejecutivo cuando respondió ayer dijo algo así como si queríamos los nombres y apellidos. Fue una cosa muy rara, no entendí si fue una cuestión defensiva o si en el fondo hay algo que no se entiende” explicó.

 

Destacó el análisis que le han dedicado los concejales al tema y apuntó a que su límite para el avance es el contenido del proyecto que envió el Ejecutivo. “Me parece que no rinde los requisitos técnicos para que esto sea aprobado, porque estamos hablando de sanciones. Empieza desde lo político, no ha dado el ejemplo la política para tener la autoridad moral para sancionar esto. Segundo, desde lo técnico tiene muchísimas falencias” criticó.

 

El expediente quedó en la comisión de Hacienda y en el Deliberativo hay intención de continuar el debate. “Esperamos las respuestas y si algo no entiende, que el Ejecutivo pregunte. Estamos dispuestos a reunirnos el jueves por este tema también, sin ningún inconveniente. Nos hemos puesto a disposición para trabajar en esto. Van a tener que mínimamente reformular el proyecto cerró.