Avance con rechazos en el Concejo para las sanciones a “reuniones sociales”

La comisión de Hacienda se reunió de manera especial este jueves para dar tratamiento al expediente y le dio el pase a Legislación. El Ejecutivo no respondió al pedido de informe, la oposición reiteró sus objeciones y el oficialismo presionó para el pase.


Tal como se había adelantado en Central de Noticias, este jueves por la mañana se reunió la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante para avanzar en el debate del expediente que presentó el Ejecutivo para sancionar las “reuniones sociales”.

Tras la reunión del lunes -día habitual de sesión de la comisión-, que fue definida como “tensa” por diversos asistentes consultados por este medio, el encuentro de este jueves repitió algunos aspectos. En ambos casos, y tal como había hecho públicamente, el oficialismo presionó para el avance del expediente.

En cuanto a lo sucedido, la presidenta de la comisión, Celeste Arouxet (Radicales en Juntos por el Cambio), informó que tras el encuentro que el proyecto “pasó a Legislación rechazado por mayoría”. Hizo hincapié en la “falta de respuestas del Ejecutivo y las observaciones ya planteadas” al proyecto de ordenanza.

De esta manera, el martes se debatirá el tema en la comisión que preside María José González (Juntos por el Cambio) desde donde se espera que se habilite el tratamiento en la próxima sesión ordinaria del jueves que viene.

La medida rige actualmente por el decreto 2.566/20 y establece que “el Juzgado de Faltas Municipal juzgará la falta o contravención consistente en la realización de eventos o reuniones sociales o familiares en espacios cerrados o domicilios particulares”. Se promulgó ad referendum del Concejo Deliberante y, según sostuvo Galli, sin la sanción de la ordenanza correspondiente no se pueden aplicar las multas sobre las actuaciones realizadas.

Los concejales de Hacienda habían elevado un pedido de informe al Ejecutivo el 21 de septiembre donde solicitaban más detalles respecto del contenido del decreto y del proyecto de ordenanza. Aún no fue respondido.

Las objeciones de la oposición al proyecto son profundas, incluso en aspectos técnicos. Se apuntó a que no hay “definiciones claras” en cuanto al “hecho imponible” -qué se sanciona- ni al “sujeto punible” -a quién se sanciona-, así como tampoco se detalla la forma ni los agravantes de la escala de multas a aplicar, la cual cabe señalar es muy amplia, ya que va de 1 a 100 salarios mínimos, lo que implica de 16.000 pesos a 1.600.000 pesos.