HCD: Género se “pronunció” sobre el empleado denunciado por violencia

La comisión del Concejo pidió la “reubicación” del empleado para que deje Políticas de Género. El expediente pasó a la comisión de Legislación. Además, comenzó el estudio de la propuesta para modificar la ordenanza de contratación de personal municipal.


En su sesión de esta semana, la comisión de Género y Diversidad del Concejo Deliberante que preside Alicia Almada (Frente de Todos) aprobó el pase a Legislación de un expediente ingresado a fines de agosto a raíz del caso del empleado en el área de Políticas de Género que había sido denunciado públicamente por violencia de género años atrás.

 

El debate se instaló en el Legislativo mediante la presentación del Frente Ni Una Menos que mostró “preocupación” por lo sucedido. El empleado en cuestión es un trabajador social que se incorporó “al equipo encargado de abordaje de varones de la Dirección de Políticas de Género”. En esa nota, señalaron que “fue denunciado públicamente en la ciudad de La Plata en el año 2017 por acoso sexual por más de 50 mujeres”. La solicitud consistió en, desde el Concejo, “pedirle al Ejecutivo local la revisión de la incorporación (..) al equipo de trabajo de la Dirección”.

 

Los miembros de la comisión le pidieron información al Ejecutivo. La respuesta, firmada por el secretario de Desarrollo Humano, Diego Robbiani, dio cuenta de que la decisión tomada tras las “denuncias públicas” fue “suspender los efectos de la contratación hasta tanto el señor (…) finalice los talleres para masculinidades que transiten situaciones de violencia por razones de género, a los cuales acude de manera voluntaria como partícipe”. El empleado en cuestión está, entonces, en calidad de contratado y la relación laboral vencía en diciembre.

 

 

También se indicó que “una vez acreditada la concurrencia regular a los talleres citados así como también la observancia de avances en su conducta en pos de su bienestar general consistente en aceptar y asumir la responsabilidad de sus actos y consecuencias, el Municipio reverá la posibilidad de continuar con la contratación”.

 

En el marco del tratamiento en la comisión del Concejo, se citó a integrantes de organizaciones vinculadas a temas de género para conocer su postura respecto de este planteo. Esta semana la comisión emitió un “pronunciamiento” que se envió a la comisión de Legislación para que avance el tratamiento. No se descartó que llegue a debate en la próxima sesión ordinaria.

 

¿Qué sostuvo la comisión de Género sobre el tema? Según pudo saber Central de Noticias, el planteo al que arribaron los integrantes retoma la postura inicial de Ni Una Menos. Toma en consideración “la continuidad laboral” del trabajador social para apuntar a la “reubicación en otro ámbito laboral”, a fin de que deje la Dirección de Políticas de Género.

 

Sigue en estudio

 

En el marco del debate del tema se dio un paso más: ¿qué pasa si esta situación vuelve a repetirse? La pregunta se la hicieron las integrantes del interbloque Frente de Todos y decidieron avanzar en un proyecto que tomó estado parlamentario en la sesión ordinaria anterior y, también, ya se debate en la comisión de Género. Consiste en modificar la ordenanza que regula la contratación de personal en el Municipio.

 

Ines Creimer es la autora de la iniciativa. Retomó lo establecido en la ordenanza 3.980/16: quienes “tengan causas de violencia de género y violencia familiar probadas en la justicia” quedan “inhabilitados a acceder a cargos jerárquicos y empleos públicos en la Municipalidad” de Olavarría. La aplicación alcanza a las plantas permanente y transitoria.

 

La propuesta es modificar esa ordenanza para incluir: “previo a la designación, el interesado a acceder a algún cargo en planta permanente, transitoria o a cumplir funciones en el Poder Ejecutivo o Deliberativo, deberá completar una declaración jurada donde conste si ha incurrido en actos de violencia de género o abuso sexual, como también si ha sido denunciado públicamente por hecho de igual índole. En caso afirmativo se le dará urgente intervención a la Dirección de Políticas de Género”.

 

En esa instancia, el área de Políticas de Género emitirá un “dictamen no vinculante”. Si el Ejecutivo decide que la persona será incorporada “deberá participar de manera regular en los talleres de masculinidades o cualquier otro programa existente referido al abordaje de las problemáticas de violencia o abuso sexual”.

 

Con el proyecto de modificación se busca dejar prevista la potencial repetición de la situación actual: “bajo ningún concepto podrá formar parte de los equipos de la Dirección de políticas de Género así como tampoco de ninguna otra área destinada al trabajo con niños, adolescentes y jóvenes” se propone agregar en el articulado.