La justicia bonaerense y una importante puesta en común en materia informática

La Procuración General Bonaerense y la Suprema Corte suscribieron una resolución que establece la “interoperabilidad técnica” entre los sistemas informáticos de gestión judicial que utilizan en la tarea diaria.


Según se detalló en las últimas horas la Procuración General Bonaerense y la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires suscribieron oportunamente a una resolución que establece la “interoperabilidad técnica” de los sistemas informáticos de gestión judicial que funcionan tanto en la órbita del Ministerio Público como de la Administración de Justicia, SIMP y Augusta respectivamente, de acuerdo con lo que se detalló.

 

Se trata de la Resolución Conjunta N° 2891/19 que creó una Mesa de Trabajo y en dicho marco, la Subsecretaría de Tecnología Informática de la Suprema Corte de Justicia y la Subsecretaría de Informática de la Procuración General desarrollaron “una arquitectura de software” que posibilita la interoperabilidad de los respectivos sistemas informáticos, una novedad para nada menor en tiempos de pandemia y confinamiento.

 

Se fijó como objetivo de la primera etapa del desarrollo la generación de circuitos de comunicación que posibiliten consultar, de manera recíproca, la información existente tanto en el sistema SIMP, como en el AUGUSTA. De acuerdo con lo que se añadió, todo estará en marcha a mediados del presente mes.

 

“De esta forma, los usuarios pueden consultar la tramitación completa del proceso en una única plataforma cumpliendo con las funciones atribuidas a los funcionarios de ambos organismos sin desatender los límites impuestos legalmente respecto de los derechos de los justiciables”, se expresó.

 

Por último, desde la Procuración General Bonaerense se puso el acento en que “estos avances permitirán fortalecer la capacidad de trabajo de los operadores de las tres áreas de gestión del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, y posibilita la consulta de información sobre actuaciones judiciales y administrativas, reducir la duración de los procesos, evitar la duplicación de la carga de información y, en definitiva, optimizar el servicio de justicia”.