Multas por reuniones sociales: Con acusaciones de “ilegalidad” convalidaron el decreto

Desde el Frente de Todos señalaron que modificar un decreto “es ilegal”. La UCR garantizó el voto de convalidación, justamente, con modificaciones en una regulación de las sanciones. Cruces, acusaciones, chicanas y una dura discusión.


En una larga sesión del Concejo Deliberante, con varios cruces y fuertes debates, se convalidó el decreto emitido por el Intendente Galli que establece fuertes multas a los encuentros sociales en Olavarría. Con dos detalles: la UCR le dio el voto que faltaba para aprobarlo con modificaciones al decreto y la oposición no acompañó: denunció que esa acción es ilegal.

 

María José González (Juntos por el Cambio) presentó la propuesta en un contexto de “inesperado pico de casos” y que el principal causante son las reuniones sociales. “Están prohibidas desde el viernes 21 de marzo” dijo y se explayó: “Cuando se reúnen dentro del domicilio no están las medidas de seguridad y se produce la propagación”.

 

Aclaró que la multa es “para tratar de disuadir, no con un fin recaudatorio”.

 

Celeste Arouxet fue la primera de una larga lista de concejales que criticaron, según sus propios dichos, la herramienta por la cual se infracciona. Lo primero fue explicar la “demora” del tratamiento en sesión. “Ingresó al HCD 11 días después de lo anunciado. Surgieron dudas, muchas dudas, desde lo legal, desde lo técnico, de cómo se iban a aplicar las multas”.

 

 

Tras el pedido de Galli de tratamiento rápido, “me pareció una falta de respeto para la comisión de Hacienda y para toda la gente. Que pasa cuando en una conferencia de prensa desinforman una vez, dos veces, terminas siendo poco creíble”. También hizo mención al pedido de celeridad del bloque oficialista en un comunicado: “Es una tomada de pelo” dijo.

 

Señaló que pedían celeridad para el tratamiento del decreto, pero “cuando preguntamos cosas, las respuestas no están y las dudas siguen. Que la celeridad sea para todos y vamos a tratarnos con respeto. Dejemos de dar mala información para cubrirnos de lo que no contestamos”.

 

“Si nos vamos a manejar por decreto que estén bien hechos. Usemos el copie y pegue de otras localidades, pero por lo menos que esté bien hecho” dijo con dureza Arouxet.

 

Victoria De Bellis (Cuidemos Olavarría) dio sus condolencias “a familiares y amigos de fallecidos. Lamentablemente han sido muchos, estamos atravesando el peor momento”. Tras ello, opinó con contundencia que “la respuesta que se da a los vecinos con este decreto no parece acorde. Llega tarde, llega con mensajes contradictorios. Por un lado, todos conocemos como sería la propagación del virus y las medidas preventivas. Pero, por otro lado, veo que eso no es ejemplo desde la política. Por otro lado, se pide la apertura de clases, la vuelta a la normalidad. Hay un mensaje contradictorio”.

 

“Cuando un acto administrativo va a afectar derechos subjetivos es obligatorio el dictamen legal previo. Es obligatorio por ley. Partimos de una base donde hay una falta de competencia porque se legisla sobre faltas que le corresponde al Concejo”. Tras ello se hizo un par de preguntas que, en voces de ediles opositores, se hicieron sin respuestas: “cuando preguntamos cómo van a allanar un domicilio no lo pueden responder. No se ponen a pensar que puede constituir un abuso de poder. Somos responsables de mantener la legalidad de los actos”.

 

Una de las voces oficialistas, Martín Endere, señaló que “no comparte ni coincide” con De Bellis dado que se está tratando “de una falta de tipo administrativa en un contexto de pandemia, en ningún otro contexto la reunión social debería estar sancionada”.

 

En este punto comenzó el debate legal de la propuesta: “Estamos abiertos a cualquier modificación que sea necesaria” dijo Endere. Luego de resaltar las medidas tomadas por el Municipio para “contener este flagelo”, como la creación del Laboratorio Biomolecular.

 

El debate legal se encuentra en modificar un decreto en una convalidación. Allí, Martín Lastape aprovechó esa “presentación” y adelantó su acompañamiento siempre y cuando haya modificaciones en el artículo 3. “Se busca el respeto por el otro y colaborar con el sistema de salud para que no colapse” dijo antes de solicitar que se anexe un detallado de sanciones según el tipo de reunión.

 

 

Las “reuniones familiares en domicilios particulares hasta 10 personas” tendrán una sanción de hasta 3 salarios mínimos; reuniones sociales hasta 10 personas en espacios cerrados, hasta 4 salarios; de 25 personas, 9 salarios mínimos y así hasta reuniones de más de 50 personas, con 100 salarios mínimos de multa.

 

Y reflexionó: “Soy de las personas que más se tiene que cuidar, en este recinto el único. La mejor manera es una convivencia sana entre vecinos”. A partir de allí arrancaron los cruces: De Bellis indicó que no corresponden modificaciones dado que sería “otro acto administrativo”. Lastape responde que no hay modificaciones sustanciales, sí un “ordenamiento” de las multas.

 

González complementó que desde el área de Legales dijeron que los concejales “están habilitados para hacer modificaciones”, según leyó un textual del responsable del área, Marcelo Fabbi.

 

Juan Sánchez corrió el eje del debate técnico y habló de la responsabilidad de los concejales: “hay 40 muertes, son dos Concejos Deliberantes”. “Es hora de dejar de hacer populismo y tomar medidas. Esto es más grave”. Y acusó: “Yo no sé si alguien se animaría a decir que no hay transmisión comunitaria del virus”.

 

 

Volvió a cuestionar la poca especificidad de quiénes serán multados, e introdujo el término “ilegal” para catalogar el decreto con modificaciones. Además, indicó que en caso de que se pudiera podrían hacer múltiples modificaciones y las repasó, pero señaló que no se pueden tomar porque no se puede modificar un decreto.

 

Tras nuevos cruces, pedidos de ordenamiento y hasta la solicitud de dar por finalizado el debate –y un largo cuarto intermedio- llegó el momento de las votaciones: se aprobaron las modificaciones propuestas por Lastape (su voto fue clave) y posteriormente se convalidó el decreto emitido por el intendente Galli por la misma cantidad de votos en formato nominal, es decir, se contaron los votos concejal a conejal.