El Senado provincial aprobó la expropiación de terrenos para cárceles

El Senado bonaerense aprobó por mayoría el proyecto de declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación de inmuebles para la construcción de establecimientos penitenciarios y alcaidías departamentales.


En la última sesión, el Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó por mayoría el proyecto de declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación de inmuebles para la construcción de establecimientos penitenciarios y alcaidías departamentales.

El expediente, enviado por el Ejecutivo provincial, prevé la construcción de establecimientos penitenciarios en los municipios de Quilmes, Merlo, Moreno, La Matanza y Tigre. “Este plan es histórico y reparador para el Sistema Penitenciario Bonaerense”, señaló el senador del Frente de Todos Gustavo Soos. El expediente fue presentado en las comisiones por el ministro de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak.

El Plan de Infraestructura Penitenciaria prevé crear 1.350 nuevas plazas, equivalentes a tres unidades penitenciarias para las que invertirán 800 millones de pesos. El financiamiento será compartido: una parte de organismos internacionales, otra del Gobierno nacional y la restante de la Provincia.

El bloque de Juntos por el Cambio acompañó el proyecto en forma general, ya que remarcaron la necesidad de construir cárceles en la Provincia. Sin embargo, cuestionaron los municipios que se eligieron para establecer algunas las sedes penitenciarias.

El jefe de la bancada, Roberto Costa, sostuvo que “coincidimos en el fondo de la cuestión porque hay que buscar soluciones tendientes a dar respuesta a los problemas de hacinamiento y de falta de espacio que son inconvenientes estructurales”.

“Nosotros apelamos al compromiso asumido por el oficialismo en diferentes reuniones, para que se revean los lugares que fueron elegidos erróneamente y que además el propio ministro también así lo reconoce. Puntualmente nos oponemos a los lugares elegidos en los municipios de Tigre y Quilmes”, dijo Costa.

“Aprobamos esta iniciativa con la palabra dada por el Ejecutivo de analizar, con un estudio del OPDS sumado a los que realizarán los Concejos Deliberantes locales, el impacto principalmente ambiental de dichos emplazamientos y que creemos deberán llevar al Ejecutivo a modificar esta decisión tomada de manera equivocada”, explicó el senador provincial.