Toma de tierras en barrio Lourdes: INADI y CAJ pidieron “un abordaje integral”

Representantes de estos organismos estuvieron en el lugar. “Se inició por la necesidad genuina” subrayaron. Pidieron el abordaje desde los Derechos Humanos.


Representantes del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) estuvieron este jueves en el predio tomado por vecinos que reclaman acceso a la vivienda, en Grimaldi y calle 11. “Se inició por la necesidad genuina” definieron.

 

Ambos organismos dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación con sede en Olavarría se pronunciaron sobre el tema: pidieron que de forma “urgente” se concrete “un abordaje integral de la situación” y que, hasta alcanzar una resolución, se atienda especialmente la cuestión sanitaria en el contexto de aumento de casos de Covid.

 

“Esta toma se inició por la necesidad genuina de un pequeño grupo de familias atravesadas por la problemática habitacional y de hacinamiento, concentra en el lugar al día de hoy más de 100 familias en la misma situación. En su mayoría personas jóvenes con hijos/as; familias monoparentales de mujeres madres con hijos/as; mujeres en estado de embarazo; personas migrantes; atravesadas por la situación de pobreza” se enfatizó.

 

Los representantes constataron que “se trata de personas que, ante la situación de falta de vivienda y recursos para sostener sus alquileres, decidieron tomar un predio municipal del barrio Lourdes. Si bien son diversas las situaciones que atraviesan, manifiestan que la mayoría ha solicitado ante el municipio soluciones habitacionales, para prevenir situaciones de hacinamiento, en algunos casos desde hace más de 10 años, y aún no hay respuestas con políticas públicas al respecto”.

 

Asimismo, se apuntó a lo planteado por los vecinos quienes esperan poder hablar con autoridades estatales. “Para atender la demanda central, quienes llevan adelante la toma esperan la presencia de funcionarios/as de los diversos niveles del Estado con pertinencia en la temática a fin de constituir una Mesa de Diálogo con amplia representación institucional”.

 

No obstante, se dejó en claro que “hasta el momento no se abrieron espacios de diálogo para comenzar a abordar la compleja y preocupante problemática de acceso a la vivienda. Sólo fue radicada una denuncia penal por parte del municipio con el objetivo de concretar el desalojo”.

 

Los organismos consideraron “urgente comenzar con un abordaje integral de la situación, articulado desde lo local con las diversas instituciones y niveles del Estado que considere todas las aristas de esta problemática desde un enfoque de Derechos Humanos”.

 

“Asimismo, y entre tanto la situación sea resuelta, se considera que ante el contexto de aumento de casos que atraviesa el país y la localidad por la pandemia de COVID-19, es imprescindible atender la emergencia con elementos de higiene, baños y asistencia alimentaria, hasta tanto la justicia resuelva la cuestión jurídica” se agregó.

 

Finalmente, tanto INADI como CAJ pusieron a disposición “sus recursos y personal a fin de arribar a un completo diagnóstico de la situación y su resolución satisfactoria y pacífica”.