Los concejales aprobaron una manifestación de “preocupación” por los ajustes en discapacidad

En la sesión se expresaron las situaciones de los profesionales, los pacientes y sus familias ante las demoras en los pagos. “Se tocan los derechos de los más vulnerables” dijo Maite Salerno (Juntos).


Se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante un proyecto del bloque Juntos que consiste en una resolución para manifestar “preocupación por anuncios del Gobierno Nacional sobre los ajustes en el área de discapacidad”.

 

La encargada de presentar el tema fue la concejal Maite Salerno quien expuso cuál es el impacto que estos ajustes tienen en las familias con personas con discapacidad. Indicó que el proyecto fue redactado por el colectivo de discapacidad local, integrado por profesionales, pacientes y familias.

 

Asimismo, se presentó como “mamá de un nene que tiene un carnet de discapacidad”, con lo cual sostuvo que la iniciativa “va más allá de un partido político, lo hemos hablado con los restantes bloques, en las marchas que se han hecho han estado de todos los partidos políticos porque se tocan los derechos de los más vulnerables”.

 

En Olavarría hay 5.058 certificados de discapacidad (CUD) activos, puntualizó sobre los afectados directamente por el tema y apuntó a que “hay dos leyes que están vulneradas hoy, la 24.901 y 26.378, las que adhieren a la Convención de Personas con Discapacidad”.

 

 

En ese marco, informó que los profesionales e instituciones prestadoras tienen demoras de hasta seis meses en los pagos. “El ajuste o el recorte no es solo para la discapacidad sino también para las horas de tratamiento” dijo para señalar “la angustia que pasamos día a día como familia por no tener los recursos para poder brindar los tratamientos”. Un tratamiento por fuera del acompañante terapéutico tiene un costo de entre 70 mil y 90 mil pesos mensuales, mientras que las medicaciones cuestan entre 15 mil y 20 mil pesos. “Como familia nos parece importante no perder a estos profesionales, nos acompañan todos los días más allá de los 40 minutos de una sesión” destacó.

 

En cuanto al contenido de la resolución, indicó que se realizó bajo los lemas “no al DNU”, “no al ajuste en discapacidad” y “unidos más que nunca”.

 

Expresó que en los últimos días “se empezaron a liberar pagos de abril, mayo y junio” para algunos profesionales locales. “Celebramos que esto se active pero pedimos que no sea por esta semana, que quede por escrito, que sea de aquí en adelante y los prestadores puedan cobrar todos los meses y las familias tengamos tranquilidad”.

 

 

A pedido de Salerno, la secretaria legislativa dio lectura a una carta remitida al cuerpo por la Técnica Universitaria en Acompañamiento Terapéutico, Maricruz Berengua (MP 222370) quien hizo hincapié también en la vulneración de la legislación sobre atención a la salud mental. “Me niego rotundamente a este posible ajuste” sostuvo la profesional.

 

La concejal Inés Creimer (Foro Olavarría – Frente Renovador) siguió en el uso de la palabra y rápidamente adelantó el voto positivo del interbloque Frente de Todos. “Quiero aclarar sobre Fondo Solidario de Redistribución que no será destinado a otro fin que el que hoy tiene. No hay una intención y es imposible que se haga” dijo. Había explicado antes que se es fondo no es parte del Tesoro Nacional y con ello no es posible que el Ejecutivo Nacional redefina su destino.

 

Luego habló Belén Vergel (UCR-Juntos) quien indicó que “nuestros diputados presentaron un proyecto para conocer por qué hay demoras en los pagos”. “Los ajustes y recortes de los últimos días han llevado a que las personas con discapacidad sufran esta situación” expresó la concejal radical.

 

 

Natalia Álvarez (Frente de Todos) subrayó que “hemos sostenido que el estado debe ser el garante de los derechos de las personas. Que el reclamo se haga a nuestro gobierno no nos va a hacer dejar de defender los derechos” señaló. Luego avanzó en cuestionamientos a las expresiones de Salerno y citó medidas y reclamos de los profesionales y pacientes con discapacidad de los años 2016 a 2019.

 

“No sé recortó nada en el área de discapacidad. Sí hay atrasos en el pago” remarcó para plantear la responsabilidad de la palabra de los concejales, “con esos discursos llevamos a situaciones límites”. Luego avanzó en pedidos de “políticas públicas para el colectivo a nivel local”.

 

 

Por último intervino la concejal Telma Cazot (Frente de Todos) quien contó que el viernes 26 de agosto, el bloque mantuvo una reunión con “personas que trabajan sobre el tema” ya que se analiza la creación de una comisión de discapacidad en el HCD.

 

Tras nuevas intervenciones de Salerno y Álvarez, el proyecto se aprobó por unanimidad y es la resolución 114/22.