Estafas con terrenos: la fiscal Serrano envió la causa a la UFI de Delitos Complejos
Además, abrió la puerta a la acusación de “asociación ilícita”. Estableció que hubo “una trama policial” y que a través de Ciancio se habilitó el acceso a “información sensible” del Municipio. El “aprovechamiento de las necesidades sociales”.
“Es evidente el aprovechamiento de las necesidades sociales de los distintos barrios, pudiendo evaluar a quien realizar el ofertorio ilícito sin riesgo de ser denunciado en virtud de la vulnerabilidad y desconocimiento legal de las presuntas víctimas, lo que se verifica también en el caso de Claudio Peralta por ser referente del barrio Hipólito Yrigoyen de Olavarría, circunstancias que han coadyuvado al perfeccionamiento de las maniobras defraudatorias”. Con ese párrafo, la fiscal Paula Serrano de la UFI Nº 4 de Olavarría concluyó su evaluación de los elementos probatorios reunidos en la investigación que llevó adelante por las estafas con la venta de terrenos.
La fiscal consideró que se “demuestra la existencia de un entramado complejo que involucra tanto funcionarios policiales, como al ex Asesor (Mariano) Ciancio, y personal de la oficina de Catastro, que deberá profundizarse por la Fiscalía Especializada en Delitos complejos y Violencia Institucional -UFI nro. 24-“.
De esa manera, en la nota fechada el 25 de abril Serrano pidió que las averiguaciones continúen en la Fiscalía Nº 24 de la ciudad de Azul a cargo del fiscal Ignacio Calonje y dejó abierta la puerta para avanzar en acusación por “asociación ilícita” contra los cuatro imputados.
El argumento central para solicitar el cambio de Fiscalía se centró en que dos de los acusados de la maniobra, nueve de las víctimas y un imputado por otro delito son efectivos policiales.
La causa penal comenzó en febrero de 2022. Tal como se ha informado, los denunciados son Claudio Peralta, Mariano Ciancio, José Sampaoli y Nelson Loiza “como hacedores de reiteradas estafas llevadas a cabo a través de maniobras engañosas que incluían la suscripción de cesiones de derechos hereditarios, poderes y boletos de compraventa respecto de inmuebles -lotes- ubicados en la ciudad de Olavarría, algunos de los cuales poseen dueño, al menos dos pertenecen al Municipio de Olavarría y otros al Instituto de la Vivienda Provincial”.
El entramado policial
En el avance de la investigación se estableció que “tanto Sampaoli como Loiza al momento de los hechos eran efectivos policiales con funciones en el CPO Olavarría”. Y de ello se desprende el pedido que se efectuó en los últimos días de la semana pasada, ya que la normativa provincial determina que la competencia de las unidades funcionales especializadas (fiscalías) en Violencia Institucional abarca los delitos cometidos por agentes policiales.
En ese punto, la UFI 4 afirmó que “existió una trama policial que involucra tanto a los efectivos policiales ya mencionados como vendedores, como también implica a otros funcionarios policiales que resultaron compradores de lotes y que también resultarían víctimas de las maniobras defraudatorias desplegadas”.
Se citó además que uno de los policías compradores, un efectivo que se desempeñaba en la Comisaría Primera, “al menos en una oportunidad alertó al imputado (Claudio Peralta) de que había entrado una denuncia en su contra, siendo palmaria así la fuga de información y el incumplimiento de los deberes a su cargo”. Tal acusación se estableció a través de un audio que se presentó en el caso.
Acceso a información municipal
Otro tramo de la nota que elevó la fiscal Paula Serrano analiza el rol de Mariano Ciancio, desde el mes pasado ex Asesor del Ejecutivo Municipal: “es evidente que Mariano Ciancio, en virtud de su cargo de Asesor del poder ejecutivo local, tenía acceso a información que sólo podía estar en Organismos Públicos -como ser el Municipio de Olavarría- por tratarse de información sensible atinente al estado de los inmuebles que se encuentra protegida por el secreto fiscal (por ejemplo, deudas de tasas e impuestos, estado del inmueble), a lo que se aduna su experiencia previa como ´datero inmobiliario´”.
Cabe destacar un aspecto: esa última información de la experiencia previa del acusado se recogió a través de la comisión especial del Concejo Deliberante y la Fiscalía la incorporó al cuerpo probatorio de la causa penal.
Respecto del cargo que ocupaba Ciancio en el Ejecutivo, “se advierte que se desempeñó como enlace entre el Municipio y los Servicios Territoriales, Juntas Vecinales y referentes barriales, teniendo así acceso tanto al territorio como a información sensible del Municipio” afirmó Serrano. Este punto será central a la hora de las conclusiones de la acusación en la nota.
Fue asesor entre diciembre de 2019 y abril de 2022 cuando fue suspendido, calidad en la permaneció hasta el 21 de marzo cuando renunció.
Mediante la información aportada desde una escribanía se consideró que Ciancio como partícipe necesario de la maniobra de venta de terrenos. “Surge la participación necesaria de Mariano Ciancio en las maniobras operatorias inmobiliarias, advirtiéndose su aporte fundamental para el perfeccionamiento de las mismas en tanto arrimaba y retiraba al igual que Peralta, documentos para certificación de firmas al menos a la Escribanía Karp-Fal” señaló la fiscal.
A su vez, se destacaron distintas declaraciones que exponen el rol que cumplió el ex funcionario y las acciones que llevó a cabo. Así se presenta la declaración de una víctima quien “relató que le compró a Mariano Ciancio cuatro lotes por el precio irrisorio de 900.000 pesos”.
Un segundo testimonio deja en evidencia que desde la Oficina de Catastro Municipal estaban al tanto de la maniobra con los terrenos. “Una persona de sexo masculino dentro de la Oficina de Catastro del Palacio Municipal de Olavarría, durante la pandemia, lo derivó directamente a realizar el trámite al domicilio de Claudio Peralta para hacerse de un lote”.
Y una tercera declaración mostró la relación entre dos de los acusados y sumó elementos para describir el accionar de Ciancio. “Surge la cercanía entre Peralta y Ciancio, explicando además que este último poseía una oficina en el subsuelo de la Galería Vicente Lopez”, lo cual se sustenta además en el testimonio de quien le alquiló dicha oficina.
Aún no han finalizado las pericias sobre los teléfonos secuestrados respecto de la información que contienen y el cruce de llamados y también se aclaró que “hay aparatos que no se pudieron abrir para su análisis como resulta el caso de Mariano Ciancio, a quien se le secuestró un teléfono marca Iphone, del que aportó un patrón de bloqueo erróneo que no permitió su apertura por el momento”. Tal situación había sido adelantada a Central de Noticias en enero por parte del representante legal de Claudio Peralta.
“Aprovechamiento de las necesidades sociales”
En base a todos estos elementos, para la titular de la dependencia del Ministerio Público “es evidente el aprovechamiento de las necesidades sociales de los distintos barrios, pudiendo evaluar a quién realizar el ofertorio ilícito sin riesgo de ser denunciado en virtud de la vulnerabilidad y desconocimiento legal de las presuntas víctimas”.
Se agregó además que las mismas consideraciones caben para el cuarto acusado: “se verifica también en el caso de Claudio Peralta por ser referente del barrio Hipólito Yrigoyen de Olavarría, circunstancias que han coadyuvado al perfeccionamiento de las maniobras defraudatorias”.
Por último, la doctora Paula Serrano sostuvo que se “demuestra la existencia de un entramado complejo que involucra tanto funcionarios policiales, como al ex Asesor Ciancio, y personal de la oficina de Catastro, que deberá profundizarse por la Fiscalía Especializada en Delitos complejos y Violencia Institucional -UFI nro. 24-“.
De esa manera resolvió remitir la causa a la UFI 24. Ahora el fiscal Calonje debe responder el planteo y definir si acepta o rechaza asumir la continuidad de la investigación.